jueves, 16 de febrero de 2012

REFORMA LABORAL: EL FUTURO QUE NO QUEREMOS.


Primero vemos como el Convenio firmado por CCOO, UGT y CSICA recorta derechos a cambio de nada, y dos días después el Gobierno ha recortado, todavía más, nuestros derechos, ha generalizado indemnizaciones de 20 días y elimina la autorización administrativa de los ERE, con una actitud fundamentalista y todo ello en nombre del empleo, en un ejercicio de cinismo al más puro estilo tercermundista.
 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes "trágico" una durísima reforma que marca "un antes y un después" en la legislación laboral.


Las empresas podrán despedir pagando diez veces menos, aunque no tengan pérdidas. Nos explicamos: queda especificado dentro despido objetivo (20 días por año con un máximo 12 mensualidades), que este se aplica por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción a fin de reducir la arbitrariedad del juez. De modo que se aplicará si "del resultado de la empresa se desprende una situación económica negativa, en caso de existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, si se produce durante tres trimestres consecutivos". Con ello y con la creatividad contable propia de nuestro sector, se trata de que se aplique de forma casi automática.

Desaparece la tutela del ERE: los despidos colectivos no exigirán la autorización administrativa previa, "los representantes de los trabajadores nos convertimos en invitados de piedra en estos procesos".

No queremos asustar a nadie, queremos informar. Pero en breve, cualquier empleado del mundo financiero podrá ser despedido con veinte días año y máximo doce mensualidades.   ACARL / EBA afirmó no hace demasiados días que este año era necesario una reducción aproximada de unos veinte mil puestos de trabajo en nuestro sector, y nos preguntábamos cómo tenían previsto hacerlo. Ahora, desgraciadamente para todos, tenemos la respuesta.

No dudéis de que CIC utilizará todas las medidas que el Derecho nos reconoce para defender nuestros intereses. También instará a que se actúe a través de los distintos grupos parlamentarios y del defensor del pueblo sobre la inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Gobierno.

Nuestra cláusula de garantía de empleo, incluida en el convenio, hubiese garantizado un mínimo de 45 días en los procesos de reestructuración.
Preguntad a los que han firmado el convenio: ¿Por qué no apoyaron nuestra cláusula de garantían de empleo?

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