lunes, 24 de octubre de 2011

Titulares de hoy

El Supremo avala las ‘encerronas’ de los jefes para que dimita el empleado

23.10.2011 MADRID Victoria Martínez-Vares

Respalda, por diez votos frente a siete, a una empresa que reunió a una trabajadora con varios superiores para firmar una baja. La empleada después se arrepintió. Los magistrados discrepantes creen que los asalariados están en inferioridad.



Las encerronas que hacen los jefes para invitar a dimitir a los empleados son perfectamente válidas y no tienen repercusiones perjudiciales para las empresas.

Una sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo (Rº 3.460/2010, de 24 de junio), adoptada en Sala General, confirma que el empresario tiene margen suficiente para presionar al trabajador e inducirle a que se vaya de la empresa con el pretexto de que así el empleado evitará otro tipo de responsabilidades.

Esta posibilidad beneficia a las empresas, porque permite agilizar las bajas, evita los despidos improcedentes y ahorra costes de gestión. Sin embargo, la decisión adoptada por el Supremo no ha sido fácil, porque se acordó por 10 votos a favor frente a 7 en contra. De hecho, la sentencia cuenta con un voto particular.

Al tratarse de una resolución tan ajustada, cabe pensar en la posibilidad de que el Supremo cambie su postura en el futuro. Por ello, las compañías deben tener cautela a la hora de plantear este tipo de soluciones.

En el caso planteado ante el Alto Tribunal, una empleada de una gran cadena de distribución sustraía productos sin abonarlos en caja, y simulaba el pago a través del sistema de devoluciones. Descubierta, la directora del centro, en presencia de una supervisora y de otra auditora, le pidió explicaciones.

Al reconocer los hechos, fue advertida de que esta situación sería comunicada al departamento de Personal. Ante la duda de qué podría pasar con las compañeras a las que sustraía las llaves de la caja, la trabajadora escribió dos documentos, uno de baja voluntaria y otro explicando cómo hacía las devoluciones.

La trabajadora, al día siguiente, se arrepintió, acudió a trabajar y se le denegó el acceso al centro. Esto motivó que pusiera una denuncia por coacciones y amenazas y una demanda por despido. Finalmente, el TSJ no aceptó su impugnación al entender que no hubo intimidación; y que no era exigible legalmente que se concediera por la empresa un período de reflexión para decidir.

La sentencia apunta que la empresa comete amenaza o intimidación cuando la decisión “revista un matiz antijurídico o ilícito, y no hay tal cuando lo que se hace es anunciar el posible ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, como es el relativo a un posible despido disciplinario y la interposición de denuncia o querella”.

A ello añade que “decir que los hechos se pondrían en conocimiento del departamento de Personal a los efectos oportunos no puede considerarse una amenaza”.

Para el Alto Tribunal, la retractación de la trabajadora al día siguiente no significa que su decisión inicial “estuviese viciada”.

Asimismo, indica que “ningún precepto legal” exige que tenga que darse al trabajador un período de reflexión. A su juicio, lo decisivo es “si el consentimiento prestado lo fue libremente”.

La sentencia apunta que en los casos en que los trabajadores son “intimidados” o “reprendidos” ofreciéndole la dimisión o la rescisión contractual de mutuo acuerdo, “no puede estimarse sin más la nulidad del consentimiento prestado por el operario”, lo que dependerá del análisis de los hechos de cada caso.

Voto particular
Pero las cosas no son tan fáciles y el voto particular de los magistrados discrepantes es un toque atención de que no todo el monte es orégano. En efecto, estos jueces creen que la decisión empresarial fue nula por abusiva.

El planteamiento que introducen es que la posible intimidación, que viciaría el consentimiento, y la exigibilidad de un período de reflexión “no derivan de la alternativa –legal y no abusiva- ofrecida por la empresa, sino que pueden ser obligada consecuencia de las circunstancias en que la misma se produce”. Es decir, que “cobra singular importancia” el hecho de que la situación se produzca en el “marco de unas relaciones jerarquizadas como las laborales”, en las que “es más fácil que se produzca una situación de desamparo”.

Por todo ello, creen que la libertad de la empleada se desvirtuó “por censurable intimidación”, ya que la disyuntiva entre la utilización de medidas legales –frente a ella y sus compañeras por una hipotética negligencia- y la baja voluntaria se plantea en unas circunstancias incompatibles con un consentimiento perfectamente libre y generadoras de un comprensible temor ambiental.

Perjuicios y ventajas
Lo único que frena a los magistrados que firman el voto particular para concluir que, en todos los casos, haya de calificarse de ilícito el ofrecimiento empresarial de la dimisión es que puede “circunstancialmente beneficiar al empleado con una salida honrosa”.

De hecho, creen que, salvo en casos muy concretos, la dimisión sugerida beneficia más a la empresa que al trabajador. La compañía con la amenaza logra “el auto despido del trabajador; no correr con los riesgos de una sentencia adversa; evitar la mala publicidad; y eludir el deterioro en las relaciones laborales”.



El BCE inundará de liquidez el sistema financiero para poder afrontar 2012

23.10.2011 MADRID D.Badía

La institución prestará el miércoles todo el dinero que le pida la banca a un plazo de doce meses. Los expertos prevén una elevada demanda.

En Europa se debate sobre las mayores o menores necesidades de capital, pero ya no sobre posibles problemas de liquidez del sistema financiero en el medio plazo, pese a los elevados vencimientos que debe afrontar la banca el año que viene y la situación actual en la que se encuentran los mercados mayoristas de financiación. La razón: el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha nuevas medidas que evitarán cualquier problema en este sentido.

La institución retoma este miércoles las subastas de liquidez a un plazo de un año. Prestará todo el dinero que le pidan los bancos europeos, con lo que podrán cubrir sus necesidades hasta octubre del año que viene. Pero, además, realizará otra subasta del mismo tipo el 21 de diciembre, a un plazo de trece meses.

Precisamente por este motivo, los expertos consultados por EXPANSIÓN consideran que la demanda de este miércoles será elevada, por encima de los 100.000 millones, pero creen que el plato fuerte podría llegar en diciembre, debido a que con ésta última el sector ya cubriría el ejercicio completo.

Las subastas

- El BCE ha inyectado dinero tradicionalmente a plazos de entre una semana y tres meses, pero de forma limitada.

- Con la crisis, a partir de finales de 2008, el BCE abrió la barra libre de liquidez y prestaba a tipo fijo todo el dinero que le pedía la banca.

- Además, aumentó los plazos de las subastas, a seis y doce meses. En 2009, celebró tres a 12 meses.

- De nuevo, ha tenido que prestar dinero a seis meses –lo hizo en agosto– y a doce meses –este miércoles y el 21 de diciembre–.

- El BCE mantendrá la barra libre hasta, al menos, junio de 2012.

“Será un buen test de las necesidades reales del sector. Cada banco debe valorar la urgencia con la que tiene que reforzar su balance para decidir si va a esta subasta o espera a la de diciembre”, indica José Luis Martínez, estratega en España de Citi.

El BCE retoma así la estrategia que puso en marcha tras la quiebra de Lehman Brothers y con la que evitó un colapso de liquidez. “Creo que va a haber una demanda significativa el miércoles, de en torno a 150.000 millones. Hay muchos bancos que tienen vencimientos de deuda de aquí a finales de año y sigue el estrés en los mercados interbancarios”, señala Silvio Peruzzo, economista de RBS.

En 2009, el BCE celebró tres subastas a doce meses. En la primera, en junio de ese año, prestó un récord de 442.240 millones de euros a 1.121 firmas. Después, realizó otras dos subastas a ese plazo, aunque con menos demanda. Y, debido a la mejora del mercado durante 2010, fue retirando esas medidas que la institución ha calificado de “extraordinarias”.

Estas nuevas subastas beneficiarán a toda la banca europea, que recibirá el dinero que pidan a cambio de un activo que pongan como garantía, normalmente deuda pública. También supondrá un alivio para las entidades españolas, que afrontan vencimientos de deuda por importe de 106.000 millones de euros en 2012 y, desde finales de mayo, no han podido realizar ninguna emisión.

Santander, Bankia y BBVA presentan los mayores compromisos, con 35.628, 17.240 y 11.082 millones, respectivamente. “Yo creo que la banca europea podría pedir cerca de 100.000 millones, aunque hacer pronósticos ahora es complicado. En la primera subasta que hizo el BCE a ese plazo (junio de 2009) se inyectó una cuantía nunca vista”, recuerda Philip Shaw, economista de la firma británica Investec.

Más medidas
Sin embargo, pese a que supone un balón de oxígeno para la banca, podría no ser suficiente. “En realidad, el BCE debe poner en marcha medidas con las que se logren reabrir los mercados de deuda para que las entidades vuelvan a emitir. Pienso que las compras de covered bonds (cédulas en España) pueden ser más importantes”, añade José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.

Además de celebrar nuevas subastas a un plazo de doce meses, el BCE retomará la compra de covered bonds. Invertirá 40.000 millones tanto en el mercado primario como secundario entre noviembre de este año y octubre de 2012. Cuando aplicó esta medida entre mayo de 2009 y junio de 2010, las entidades financieras –Santander fue el primero en Europa– pudieron volver a emitir cédulas a unos costes más bajos. La institución ofrecerá los detalles de este nuevo programa el próximo 3 de noviembre.

La institución baja la penalización a las titulizaciones
Los bancos europeos pueden acudir a las subastas si a cambio otorgan un activo que actúa como aval o garantía. El BCE aplica una penalización o haircut a estos activos en función de su calidad. La deuda pública se encuentra en el grupo de la mejor valorada y la penalización se reduce a en torno el 10,5% según el ráting.

Es decir, si un banco pide 100 millones en la subasta y usa deuda pública como aval, el BCE le presta en torno a 89,5 millones. No ocurre así con las cédulas ni mucho menos con otros activos, como las titulizaciones o fondos que emiten deuda respaldada por un paquete de préstamos. Sin embargo, la institución monetaria va a rebajar la penalización que aplica a las titulizaciones en las subastas desde el 16% actual, según informa Bloomberg. Eso sí, a cambio, las entidades deberán proporcionar información más detallada de los préstamos que avalan la deuda de esas titulizaciones.

El mercado de titulizaciones es uno de los que más han sufrido desde el estallido de la crisis financiera en el verano de 2007. Se trataba de una de las vías más usadas en España para financiar el crecimiento del crédito, pero, desde esa fecha, todo lo que ha emitido la banca se lo ha quedado en balance para usarlo como garantía en las subasta del BCE, y apenas han conseguido colocar este tipo de deuda entre inversores.

En 2007, la banca española colocó un récord de 106.000 millones en bonos de titulización, según datos de AIAF, pero este año apenas lleva 51.000 millones y todo se lo han quedado en balance. Es una buena noticia para la banca española, porque, si el BCE realmente lo aplica –espera dar detalles en noviembre–, la banca podrá obtener más dinero en las subastas con este activo.



BMN y Liberbank sí logran cumplir

23.10.2011 Llave

Mañana acaba el plazo extraordinario concedido por el Banco de España a las dos entidades para que se ajusten a los nuevos requerimientos de capital anunciados el pasado mes de febrero.

Y todo parece indicar que tanto el Banco Mare Nostrum (BMN) como Liberbank cumplirán lo exigido, aunque hayan optado por vías diferentes. El banco formado por Cajastur (más CCM), Caja Cantabria y Caja Extremadura ha elegido el camino de las desinversiones, con la venta del 77% del capital de la operadora asturiana Telecable como plato fuerte, mediante la que obtendría 308 millones de euros.

Como complemento, baraja varias opciones como la venta de sus participaciones minoritarias (Enagas, EDP, Ence, Indra, Amper, Itinere o Capsa), ajustes contables o dar entrada a inversores privados. Una de las vías de aumentar la base de accionistas y, por tanto, reducir la exigencia final de capital sería seguir los pasos de BMN, que ultima una emisión entre inversores institucionales de bonos necesariamente convertibles en acciones por entre 250 y 300 millones de euros, dependiendo del descuento sobre el valor en libros que se aplique a la operación. La referencia seguramente sea el 60% que Bankia y Banca Cívica asumieron en sus salidas a bolsa el pasado mes de julio, aunque será la demanda que se registre hasta hoy, cuando termina el periodo de suscripción, la que determine el recorte final.

Ambos programas de recapitalización, que aún deben recibir el visto bueno del Banco de España, evitarán que el Frob deba asumir la gestión de más entidades.

España logra un cálculo de capital más favorable que el del test de julio

N. S. / B. M. - Madrid / Bruselas - 24/10/2011 - 07:00

La maratoniana agenda de la cumbre que abordan estos días las instituciones europeas tiene a los bancos como claros protagonistas. Dentro de los acuerdos preliminares, la UE asume que sus principales bancos necesitarían capital por al menos 100.000 millones de euros después de aplicar un criterio de solvencia mucho más exigente que el del test de estrés de julio. Frente al 5% de entonces, el core Tier 1 o ratio de capital de máxima calidad que se prevé es del 9% para los grandes bancos, entre los que se incluyen a los españoles Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Popular. Fuentes comunitarias apuntan que, bajo las nuevas exigencias, las necesidades de capital de la banca española serían muy reducidas. Y en esto jugaría un papel importante el hecho de que se puedan incluir los bonos convertibles en el cómputo de recursos propios de máxima categoría, un tema que aún es objeto de debate pero que toma cuerpo a medida que avanzan las negociaciones. Los bonos convertibles ya penalizaron a la banca española en los test de estrés, en especial a Popular, que quedó con un aprobado raspado del 5,3% a causa de una emisión que no pudo incluir como core Tier 1.

Si finalmente la metodología cambia, Popular sería el principal beneficiado, aunque también puede verse penalizado por su proceso de fusión con Pastor. Y la banca española quedaría airosa, ya que el resto de grandes bancos superaron el test de estrés con nota, del 9,2% para BBVA y del 8,4% para Santander. La inclusión de la provisión anticíclica como capital de primera categoría es otra de las reivindicaciones de la banca española y beneficiaría en especial a CaixaBank y Bankia -con notas del 6,4% y 5,4% en el test-, aunque fuentes comunitarias apuntan que es más improbable su admisión en el core Tier 1. Añaden en todo caso que la necesidad de capital que pueda requerir la banca española se solventaría con capital privado, de ningún modo con capital público.

Junto a la exigencia de elevar la solvencia, figura además la de contabilizar a valor de mercado la cartera de deuda pública, una petición que perjudica a la banca española -Salgado cifra en el 2% la depreciación media- y beneficia en cambio a la alemana, que obtendría plusvalías gracias a la condición de su deuda como refugio.

El blindaje del capital de las principales europeas es en cualquier caso la fórmula con la que afrontar en los balances el efecto de la insolvencia griega. La UE propone ya una quita para la deuda helena del 50%, cuyo coste también deben asumir los acreedores privados. Y ahí entran en juego en primer lugar Francia y Alemania, con deuda griega por 53.000 y 36.800 millones de euros respectivamente, según los datos del test de estrés de julio. Se abre así un intenso proceso de negociación con la banca privada, a la que representa el presidente de Deutsche Bank, Joseph Akermann, para que asuma un coste por los bonos griegos mucho mayor del pactado en julio.



El BE adelanta a diciembre el ERE de la CAM
El FROB finalizará antes del día 15 el plan de reestructuración de la caja, que incluye el expediente de regularización - La salida de los trabajadores aprobada en mayo debía resolverse en tres años
EUROPA PRESS VALENCIA El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, prevé finalizar antes del próximo 15 de diciembre el plan de reestructuración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) aprobado el pasado mes de mayo, que incluye un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla la salida de un total de 973 trabajadores, la mayoría a través de prejubilaciones.
Según informaron fuentes conocedoras del proceso, el organismo adelanta así un plan que iba a desarrollarse inicialmente a lo largo de tres años. Concretamente, 865 trabajadores mayores de 55 años a finales de diciembre de 2011 se acogerán a prejubilaciones y el resto, previsiblemente, a bajas incentivadas.

Para el próximo 30 de octubre habrán salido de la entidad financiera intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio un total de 620 trabajadores, mientras que está previsto que la siguiente tanda dejará la CAM en torno al próximo 30 de noviembre. De la misma manera, el plan de recapitalización de la CAM contemplaba el cierre de 107 oficinas entre 2011 y 2012, pero el FROB ya ha cerrado 93 sucursales y las 14 restantes se clausurarán antes del 1 de diciembre del presente ejercicio.

Siete entidades para una puja
Por otro lado, el FROB ha concedido a las siete entidades interesadas en la CAM -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Ibercaja, Barclays y JC Flowers- un plazo de cinco semanas para estudiar la información financiera detallada y decidir si pujan por ella.

Ha informado formalmente a dichas entidades de que han pasado a la segunda fase del proceso de venta de la CAM tras presentar sus ofertas no vinculantes por la entidad alicantina, y ha ampliado en una semana el plazo previsto de la due diligence a solicitud de los interesados.

De esta forma, las siete entidades disponen hasta el próximo 24 de noviembre para analizar la información financiera detallada dela CAM. Para agilizar la demanda de información de diversa índole, Merrill Lynch ha habilitado una página web en la que acoge las consultas de los potenciales compradores y les responde en un plazo máximo de 48 horas.

Una vez transcurridas las cinco semanas de análisis exhaustivo y si se han presentado ofertas vinculantes para adquirir la caja intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio, el FROB prevé dedicar un periodo de diez días para elegir la oferta más atractiva, por lo que la adjudicación se podría producir a primeros de diciembre.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha pedido a otras instancias judiciales, como juzgados, Fiscalía Anticorrupción y Audiencia Nacional,información acerca de si han abierto algún tipo de diligencias de investigación penal por la gestión de la caja. En caso afirmativo estaría obligado a remitirse a la misma y enviarle toda la documentación que tiene.

Fiscalía de Valencia decidió abrir diligencias de investigación el pasado mes de septiembre para investigar una denuncia presentada por Cercle Obert de Benicalap sobre la gestión de la caja de ahorros. En este escrito se cuestionaba, entre otros asuntos, la contabilidad de la entidad alicantina; la concesión de préstamos sin garantía; los sobresueldos satisfechos a determinados miembros del Consejo de Administración, y operaciones de concesión de préstamos hipotecarios de alto riesgo a políticos.

Además de esta denuncia, en Alicante se presentaron otros escritos por parte de Vecinos por Alicante y el Movimiento 15-M, y la fiscalía de esta provincia los ha remitido a Fiscalía Anticorrupción; y en Madrid por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, con lo que pese a que la CAM tiene su sede en Alicante, este asunto podría finalmente investigarlo la Fiscalía Anticorrupción al operar la caja en todo el territorio nacional.

No obstante, todo dependerá de la información que aporte el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del Banco de España, que todavía no ha determinado cuál es la responsabilidad penal, con lo que no se puede llevar a cabo una investigación a fondo por parte del ministerio público.

Solución para participaciones
Por otro lado, la diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà solicitó ayer que "la comisión de investigación sobre la CAM que tienen que abrir las Corts" aborde "también el problema de las participaciones preferentes en la entidad". Según explicó Mollà en un comunicado, se deben "buscar soluciones para los miles de pequeños inversores que ahora tienen bloqueado su dinero".

"Ésta es una más de las consecuencias que está teniendo sobre los ciudadanos la gestión nefasta de CAM que hicieron los ex directivos y que fue avalada por el PP y el PSOE desde el Consejo de Administración y, por lo tanto, hacen falta explicaciones al respecto", indicó Mollà.

Sin cesta de Navidad ni seguro médico
A la aceleración del Expediente de Regulación de Empleo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo sumará la supresión a 6.400 trabajadores del seguro médico privado y la cesta de Navidad, tal como informó la empresa la semana pasada a los trabajadores. Según publicó el periódico "El País", además, los responsables del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que en la actualidad están al mando de la caja alicantina, explicaron en una reunión a los empleados que del mismo modo la tijera afectará a la retribuciones en especie, como el alquiler de coches, y algunos autobuses gratuitos. La misma fuente indica que desde el Departamento de Recursos Humanos aseguran que estas medidas suponen un ahorro de hasta cinco millones de euros para la empresa.

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