viernes, 7 de octubre de 2011

Titulares de hoy


B. Pérez Galdón - Madrid - 07/10/2011 - 07:41

JP Morgan inició ayer la cobertura de Bankia, que no es otra cosa que comenzar a seguir el valor y la entidad en sí misma y emitir una opinión respecto al presente y las perspectivas futuras del negocio. El banco estadounidense fue uno de los coordinadores globales de la OPS que Bankia realizó el pasado mes de julio.
Además, fue elegido como agente estabilizador de la cotización, misión que le correspondió ejecutar durante un mes y que le supuso la compra de 45,55 millones de acciones por un importe mínimo, dados los precios a los que se ejecutaron las operaciones, de 130 millones de euros. Tras finalizar su trabajo, JP Morgan ha emitido la primera recomendación sobre el valor, y es la de neutral. Y con respecto al precio, considera que cada título debería valer 3,80 euros, que supone solo un 1,3% por encima a como empezó a cotizar: 3,75 euros. La valoración de JP Morgan sobre Bankia es la segunda más baja tras la de BNP Paribas, de 3,30 euros que, por cierto, actuó en la colocación como entidad directora y aseguradora en el tramo para inversores institucionales.

Otros bancos que también fueron coordinadores globales de la oferta de Bankia como Merrill Lynch y UBS comparten la postura de JP Morgan de estar neutral con el valor. La diferencia es que el precio que dan a las acciones supera en ambos casos los 4 euros.




El Gobierno fusiona todos los Fondos de Garantía de Depósitos para que el coste de la reestructuración lo paguen las entidades

Miguel Ángel Valero.– El Banco de España es plenamente consciente de que el problema de credibilidad de la banca entre los inversores internacionales estriba en que éstos no se fían de los datos sobre la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario. Y que temen que nuevos descensos en los precios de viviendas, locales comerciales, edificios y suelo suponga un mayor deterioro de la calidad de los activos de la banca española y, por tanto, de los resultados. Pero no es sólo el ladrillo. El número de empresas en proceso concursal (la antigua quiebra) en España superará este año las 7.000, cuando en 2009 fueron 4.464 y el año pasado 5.400, según estimaciones del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). El supervisor sabe fehacientemente que la entrada del Frob en NCG Banco, Unnimbanc y CatalunyaCaixa Banc se va a traducir en un afloramiento espectacular de morosidad, por la reclasificación de créditos, como ha sucedido con la CAM y antes con CCM y CajaSur. Y ha decidido extremar los controles en todas las entidades financieras que operan en España para tratar de impedir que la morosidad real pueda ser maquillada.

Los inspectores del Banco de España harán especial hincapié en aquellos créditos a empresas que son permanentemente renovados por las entidades financieras, sin que se haya abonado el principal (el importe de la financiación) ni conste la aportación de garantías adicionales para cubrir la deuda. Lo que en la jerga bancaria se llama recurrir a ‘la bicicleta' o al ‘pedaleo' del crédito, y que busca no sólo maquillar la morosidad real, sino ahorrarse provisiones. En el año 2004, el Banco de España daba dos años de plazos para provisionar el 100% de la deuda procedente de una empresa, pero en 2010 se endureció la norma y el plazo se ha recortado en un año, para hacer frente al deterioro de la situación económica. Esta mayor exigencia ha generado un rápido crecimiento de la morosidad. Pero el supervisor no quiere descuidos en estas obligaciones, porque afectan a la solvencia de las entidades y generan desconfianza entre los inversores institucionales, dificultando y encareciendo la obtención de financiación.

Todo es un círculo vicioso. La revisión de las previsiones del FMI sobre las economías occidentales apunta a que nos encontramos "ante las puertas de una recesión en 2012", señala Lorenzo Dávila, jefe del departamento de Investigación del IEB. Una situación que aumentará la insolvencia de las empresas. Los problemas de liquidez en el mercado interbancario, que son ya superiores a los existentes tras la quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 (considerado el momento álgido de la crisis iniciada en el verano de 2007 por el hundimiento del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos), hacen que la banca española no pueda colocar deuda y, por tanto, no tiene fondos para financiar a las empresas.

Consecuencia: de 3,8 millones de empresas existentes en España, más de 7.000 quebrarán este año. "Son muchas, pero en 2010 en Francia fueron 50.000, diez veces más, y en Alemania, 30.000, siete veces más", matiza Dávila. "Es lo que ven los mercados", insiste el Por eso, y por la gran exposición a la deuda griega, están siendo más castigados los bancos franceses y los alemanes que los españoles.

En cualquier caso, las quiebras de las empresas afectan a las entidades financieras, que son los principales acreedores. Las entidades deberán reforzar sus departamentos de reestructuración de deuda, recuperación y seguimiento para afrontar esa nueva oleada de morosidad. Y esforzarse en detectar los "síntomas de enfermedad" en las empresas como labor de prevención y evitar la refinanciación o la quiebra. Entre éstos, la caída de las ventas y de los beneficios, el cambio de gestores y directivos, los problemas de tesorería y de liquidez, y la aparición de prácticas contables poco claras, la ingeniería contable.

Todo este oscuro panorama se complica por la práctica imposibilidad de las empresas, y de las entidades financieras, a acudir a la alternativa de la Bolsa. El IEB contabiliza más de 70 ofertas públicas de venta o de suscripción de acciones canceladas en la Bolsa española (incluyendo el MAB, para pymes). Entre ellas, Loterías, pero también los bancos de las cajas BMN o Liberbank.

Además, los bancos, a la hora de cobrar de las empresas morosas, se encuentra con un problema: la Ley Concursal, a pesar de la reforma de 2009, muestra notable deficiencias en momentos de crisis como los actuales. La normativa vigente impone restricciones a las refinanciaciones de deuda durante los dos años anteriores a la entrada en proceso concursal, para no perjudicar a otros acreedores. El anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, que lleva dos años de retraso, regula que un porcentaje significativo (no precisado, pero en Reino Unido, de donde se inspira esa norma, es el 75%) de acreedores de una empresa puede imponer la liquidación de ésta o la recuperación de la deuda, para acelerar el proceso de reestructuración.

¿Qué puede hacer la banca? Imponer a las empresas deudoras un plan de venta de activos no estratégicos, con los que obtener fondos para pagar lo que debe. También, recurrir a los préstamos participativos, que supone la conversión de deuda en acciones, pero este sistema choca con la penalización de las participaciones industriales a la banca que introduce Basilea III. Para el jefe del departamento de Investigación del IEB, "Basilea III impone normas que son lógicas cuando la situación es normal, pero no cuando las entidades financieras están estranguladas"

Una opción es vender carteras de créditos morosos a fondos ‘buitre'. El problema, según Lorenzo Dávila, es que esas carteras se venden al 30% de su valor en libros, lo que exige una provisión superior para que el banco no pierda dinero en la operación.

"Si se sigue deteriorando la morosidad, habrá entidades financieras que pasen al lado oscuro", pronostica gráficamente Lorenzo Dávila. Y hace una comparación: en la crisis de los años 90, la morosidad llegó al 9%, "y ésta es mucho peor que la de entonces, por la burbuja inmobiliaria", añade.

Mientras tanto, el Gobierno ha unificado los tres Fondos de Garantía de Depósitos (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) para que se haga cargo de las previsibles pérdidas que genere un nuevo proceso de recapitalización del sistema financiero. La nueva institución nace con 6.600 millones de euros, proveerá a partir de ahora una garantía al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración del sistema financiero. De esta manera, el sector financiero asume los costes ocasionados por su saneamiento y su recapitalización, "con el fin de que no afecte al déficit público ni suponga costes para el contribuyente", argumenta la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

La patronal de los bancos, AEB, considera que la unificación de los Fondos de Garantía "es una medida lógica" como consecuencia de la reestructuración llevada a cabo en las cajas, pero matiza que esa integración "debería tratar adecuadamente el hecho de que los Fondos de Garantía de Bancos y Cooperativas de Crédito tienen acumulado un importante patrimonio (3.875 millones de euros) que ahora parece querer destinarse a cubrir ayudas en el sector de cajas de ahorro".


El Fondo de Garantía de Depósitos, que cuenta con 6.600 millones, cubrirá las pérdidas - La inyección en la CAM ya absorbe el 42% del dinero disponible

LUIS DONCEL / ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 07/10/2011

Ni los contribuyentes van a pagar el rescate de las cajas de ahorro ni la inyección de dinero público en el sector financiero va a hinchar el déficit. Con este principio rector, la vicepresidenta Elena Salgado anunció ayer que el Fondo de Garantía de Depósitos asumirá las posibles pérdidas ligadas al rescate de entidades que han recibido ayudas públicas. El Gobierno quiere que el dinero provenga del propio sector financiero, pero con el matiz de que el gran pagador será una de las patas del sector -principalmente los bancos, aunque también las cajas saneadas-, y la otra pata -las cajas con problemas- será la que reciba el dinero.

Los bancos se quejan de tener que pagar los errores ajenos

"La medida se parece a una tasa financiera", dice un analista de AFI

Salgado compareció para explicar cómo va a conseguir sus objetivos. El Gobierno aprobará un real decreto por el que los tres fondos de garantía existentes (de bancos, cajas y cooperativas de crédito) se unifican, convirtiéndose en una bolsa común. La vicepresidenta argumenta que esta distinción ha dejado de tener sentido, ya que la reestructuración del sector ha propiciado que el 98% del volumen financiero que mueven las cajas se gestione a través de bancos.

El colchón creado hace tres décadas para asegurar los depósitos de los clientes amplía ahora su espectro: sigue garantizando los depósitos hasta un techo de 100.000 euros, pero además respaldará las pérdidas de las entidades intervenidas. Así, este instrumento se convierte en una garantía para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha inyectado 7.551 millones de dinero de los contribuyentes en las cajas para que cumplan con los nuevos requisitos de capital. El Banco de España ya recurrió al Fondo de Garantía para evitar la quiebra de Caja Castilla La Mancha en marzo de 2009.

En el momento en el que ese dinero se compute como pérdidas, es cuando entrará en acción el Fondo de Garantías. En el caso de la CAM, los 2.800 millones inyectados ya se dan por perdidos, como dijo el propio gobernador del Banco de España. Tan solo esta entidad ya absorbe un 42% del capital disponible. Con esta reforma, el Estado se libra de computar como déficit el dinero inyectado, lo que habría hecho aún más difícil cerrar el año con unos números rojos del 6% del PIB.

Salgado reiteró que este es un objetivo "irrenunciable". Y cuando le preguntaron si el Gobierno iba a verse obligado a adoptar otras decisiones para ejecutar la consolidación fiscal comprometida con Bruselas, respondió que en cierta medida recurrir al Fondo de Garantía para pagar los rescates ya es "una medida adicional". También negó la necesidad de más recortes.

La dotación de los tres fondos de garantía que existen ahora asciende a 6.593 millones de euros, de los que más de la mitad corresponde a la parte de los bancos. Este capital no es dinero contante y sonante, pero se puede movilizar en caso de necesidad. La vicepresidenta fue rotunda a la hora de negar que la ampliación de usos del fondo de garantía deba intranquilizar a los ahorradores, que ahora se encuentran con que el colchón ya no sirve solo para asegurar su dinero. Además de insistir en que el Estado sigue garantizando los 100.000 euros por cliente y entidad, Salgado señaló que ni bancos ni cajas aportan ahora el máximo estipulado para el fondo, que asciende al dos por mil de los depósitos de cada entidad. "Los ahorradores no tienen por qué preocuparse. De forma implícita, si no hubiera garantías suficientes, el Estado pondría más", señala el catedrático Santiago Carbó, que sí encuentra inquietante el hecho de que el Gobierno cambie las reglas de juego a mitad de partido. "Algo chirría. La decisión indica que no hay financiación en los mercados para España", añade.

Con este paso, el Gobierno da por finalizada la reestructuración del sistema financiero. Sobre la posibilidad de que la UEacuerde una segunda ola de recapitalización de la banca -como apuntó el miércoles la canciller alemana, Angela Merkel-, Salgado respondió que España ya ha hecho sus deberes. "Acabamos de recapitalizar nuestras entidades con unas ratios muy superiores a los que obliga la normativa", agregó.

Entre los bancos la medida del Gobierno cayó como un jarro de agua fría. No solo porque el sector no haya sido consultado previamente, sino porque temen que pueda suponer una subida de las cuotas actuales. Los bancos pagan un 0,6 por mil de los depósitos mientras que las cajas abonan un uno por mil. La Asociación Española de Banca emitió ayer una nota en la que si bien admitía la "lógica" de unir los tres fondos en unos solo, ponía una importante pega. "Los Fondos de Bancos y Cooperativas tienen acumulado un importante patrimonio (3.875 millones de euros) que ahora parece querer destinarse a cubrir ayudas en el sector de Cajas de Ahorros". Esta frase es la advertencia pública al Gobierno para intentar evitar que se ponga a todos la misma tarifa. Salgado mencionó ayer el tope del dos por mil, que, en caso de alcanzarse, supondría más que triplicar las aportaciones que hoy hacen los bancos. La noticia, en un momento de caída libre de los ingresos, se convierte en una losa para el sector.

Además, hay otro motivo de enfado. Los bancos recuerdan que las crisis anteriores, en los años ochenta y noventa, cuando hubo que rescatar bancos las cajas no aportaron nada. Incluso alardearon de la salud de su fondo y pudieron rebajar sus tarifas mientras que los bancos las incrementaban. "La medida tiene un tinte populista: que paguen los banqueros, que son los culpables de la crisis; muy propio de un periodo preelectoral", protesta el ejecutivo de un banco que pide el anonimato. "En el fondo, lo que ha anunciado el Gobierno se parece mucho al impuesto sobre transacciones financieras que quiere implantar la Comisión Europea. Es una forma, que me parece lógica, de que el sector financiero, da igual que sean cajas o bancos, paguen las pérdidas", responde Alfonso García-Mora, socio director de AFI.

¿Qué son los fondos de garantía?

- Los fondos de garantía de depósitos se constituyeron en 1981 para la primera crisis bancaria.

- Tras la crisis que vivió Banesto a partir de diciembre de 1993, el Banco de España llegó a aportar la mitad de lo que ponían los bancos, pero cuando se recuperó un nivel de patrimonio adecuado, el supervisor dejó de hacerlo.

- Los bancos aportan ahora el 0,6 por mil de los depósitos.

- Las cajas, tras la crisis de CCM, que costó 2.925 millones, han subido sus aportaciones del 0,4 por mil al uno por mil de los depósitos.

- Los fondos garantizan 100.000 euros por titular de cuenta en caso de quiebra de una entidad.




Están dispuestos a ir a la huelga si el grupo financiero no opta por las bajas incentivadas o por jubilaciones anticipadas

GUILLERMO ORTEGA / GRANADA

Como era previsible, los trabajadores de CajaGranada han reaccionado de forma airada ante la posibilidad de que la dirección de Banco Mare Nostrum (BMN), la entidad en la que está inegrada la caja, acometa un nuevo plan de ajuste con el objetivo de ahorrar entre 30 y 40 millones de euros. Lo peor de ese plan es que podría incluir un Expediente de Regulación de Empleo, el cierre de 50 oficinas y la pérdida de hasta 800 puestos de trabajo.

"Lo que más he percibido en los compañeros es la rabia. Hay mucha rabia, mucha indignación, tenemos la sensación de que nos están engañando", resumió ayer Amador Torres, presidente del comité de empresa de CajaGranada y representante del sindicato Comisiones Obreras, tras la reunión que mantuvieron ayer en la puerta del Cubo, la sede central de Caja Granada. Asistieron unos 250 empleados, fundamentalmente de los servicios centrales. Una asistencia notable teniendo en cuenta que el censo es de 300.

La asamblea aprobó por unanimidad concentrarse todos los lunes en ese mismo sitio, a las once de la mañana. La próxima cita, por cierto, coincide con una reunión de directivos del BMN, una ocasión que los trabajadores quieren aprovechar para hacerles llegar a los directivos lo que opinan sobre sus planes.

Pero no es eso lo más importante: también hubo unanimidad en cuanto a la respuesta que los trabajadores están dispuestos a dar en caso de que se concreten medidas drásticas por parte del grupo financiero.

Por lo pronto van a esperar a ver qué ocurre en la reunión prevista para el día 18 en Madrid entre la dirección y los sindicatos, un encuentro en el que ya se podrían poner encima de la mesa las condiciones de ese plan de ajuste.

Hasta ese día llega el margen de confianza. Si se confirman los peores presagios, comenzará la batalla. Como ya dijo UGT el miércoles, sería una declaración de guerra.

"No descartamos ningún tipo de movilización si se opta por alguna medida que suponga la extinción pura y dura de puestos de trabajo", indicó Amador Torres, que matizó que, si bien los trabajadores estarían dispuestos a escuchar ofertas de bajas incentivasdas o prejubilaciones (esto último fue lo que se acordó en el primer plan de reforma, en junio del año pasado), desde luego no aceptarían ninguna otra posibilidad.

"Cuando hablamos de todo tipo de movilizaciones estamos incluyendo la posibilidad de ir a la huelga, por supuesto", agregó el presidente del comité de empresa.

"No entramos en más valoraciones, en si los directivos cobran tanto o cuanto, porque eso se presta a la demagogia. Sólo exigimos lo nuestro", apuntó.



Los retiros en Novacaixagalicia suman un coste de 40 millones de euros - La caja de ahorros traslada a los sindicatos que la obra social "es inviable"

Í. DE BARRÓN / M. FERNÁNDEZ - Madrid / Vigo - 07/10/2011

Un contrato blindado con un retiro de 16,5 millones de euros. Ese fue el precio que pagó la antigua Caixa Galicia, ahora fusionada con Caixanova, para decirle adiós a quien durante 29 años fue su primer ejecutivo, José Luis Méndez. Descontados los impuestos, percibió 8,5 millones del fondo de pensiones de la entidad y otros 2,7 como indemnización por rescisión anticipada de su contrato. Las cantidades netas fueron avanzadas por El Confidencial.

El retiro dorado se conoce el día en que la caja comunicó a los sindicatos que la obra social es "insostenible". No hay dinero para mantener el ingente patrimonio inmobiliario (93 edificios nobles y otras sedes) y más de 300 empleados, que temen despidos.

La de Méndez es la cuantía más alta -de las conocidas- recibida por un alto cargo de cajas en España. Sumada a las prejubilaciones en Novacaixagalicia, la entidad que aglutinó a las cajas gallegas, la cifra alcanza 40 millones. El proyecto recibió dos inyecciones de dinero público (3.600 millones) y está ahora en manos del Estado en un 93%. Fuentes cercanas a Méndez señalan en su descargo que esa cifra es la acumulada para su pensión a lo largo de 29 años como director general en la caja, y que dejó su puesto renunciando a parte de la indemnización que le habría correspondido al tener un contrato blindado que le permitía alargar su vida laboral hasta los 70 años

Méndez, que presumía de haber convertido una caja provincial en una de las seis mayores del país, también fue el artífice de la expansión territorial de Caixa Galicia, que pagó caras sus inversiones en el ladrillo. Ahora arrecian las críticas, pero el 16 de septiembre de 2010, cuando con 65 años comunicó que se marchaba, el consejo le aplaudió. "No se habló de su jubilación, lo único que nos dijeron es que renunció a ciertas cantidades y que por razones de seguridad, la caja seguiría sufragando durante 24 meses la empresa que se encarga de vigilar su casa", recuerda un exconsejero. "El consejo entendió la decisión personal de Méndez, agradeciendo y elogiando la ingente tarea de quien ha sido el primer ejecutivo de la caja gallega durante los últimos 29 años", dijo la nota oficial.

Su vinculación con Caixa Galicia continúa en la presidencia de la fundación Claudio San Martín, que le proporciona coche oficial y secretaria. También forma parte de varios consejos de administración en representación de Novacaixagalicia, como el de Sacyr (retribución anual bruta de 66.000 euros más 22.000 por la comisión de nombramientos) o el de Tecnocom (93.000 euros).

"Hay que levantar las alfombras y abrir las ventanas", reclamó ayer UGT, en referencia al también dorado retiero, en 2006, de otro exdirectivo de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, ahora copresidente de la entidad y consejero del banco resultante. "En 2002 había más de 700 millones de pesetas en el fondo (cuatro millones de euros). No hace falta ser muy listo para saber que era de Gayoso", dijo José Ramón del Pliego.

Por otra parte, la exdirectora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional por el abogado Diego de Ramón, que acusa a los directivos de estafa, falsedad documental y un delito societario. El caso está en manos del juez Fernando Grande-Marlaska, informa Manuel Altozano.

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