jueves, 6 de octubre de 2011

Titulares de hoy


La caja valenciana dará por cerrado el plan de ajuste que ha afectado a 900 trabajadores con la firma de las últimas prejubilaciones


JORDI CUENCA VALENCIA
Los últimos 230 trabajadores de Bancaja incluidos en el plan de prejubilaciones aprobado tras la integración de la entidad en Bankia han sido llamados, entre el martes y hoy, a firmar el finiquito que certifica su salida de la entidad. Fuentes sindicales consultadas por este diario aseguraron ayer que, con estos abandonos, prácticamente está cerrada la reconversión laboral en la caja, que ha afectado a unos 900 empleados. Tan solo se mantienen en sus puestos, de entre los trabajadores mayores de 55 años -que percibirán el 95 % de su sueldo bruto-incluidos en los despidos, apenas dos decenas de personas que trabajan en algunos departamentos de los servicios centrales de Bancaja.

Paralelamente a estas prejubilaciones, Bankia ha procedido a una reordenación de su plantilla para cubrir las vacantes que se han producido, sobre todo en las oficinas. Así, a la Comunitat Valenciana han sido destinados unas 150 personas que trabajaban en otras autonomías, tanto en Bancaja como en las otras seis entidades que forman parte del grupo: Caja Madrid, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja La Rioja, Caja Segovia y Caja Insular de Canarias.

Las fuentes consultadas aseguran que en el archipiélago es donde había más problemas de exceso de personal, al desparecer los servicios centrales de esa entidad más las oficinas de Bancaja y Caja Madrid. De ahí que la mitad de los citados 150 procedan de Canarias y que, de ellos, cuarenta hayan sido destinados a las oficinas de Castelló. La otra mitad viene de Madrid, la zona centro de España y Andalucía, en este último caso todos ellos empleados de Bancaja en esa autonomía. La mayor parte de los servicios centrales de la valenciana ha sido transferida a Madrid, donde está la sede operativa del grupo, mientras que el resto se mantendrá para dar servicio a lo que será la territorial de Bankia en la Comunitat Valenciana y Baleares, que es la zona que le ha correspondido a Bancaja.

En este sentido, las citadas fuentes justificaron las necesidades de personal en la caja en que el previsto cierre de oficinas de Caja Madrid en la zona se está ralentizando ante la inminencia -abril de 2012- de la integración operativa de todo el grupo, dado que el sistema informático que se implantará será el de la caja madrileña y no tendría sentido que los empleados de la entidad en Valencia aprendieran el sistema de Bancaja si en menos de un año ya no van a utilizarlo. De ahí que estas fuentes teman nuevos despidos el año que viene.




05.10.2011 MADRID/BARCELONA G.Martínez/M.Martínez/S.Saborit

El Banco de España, con un papel más activo tras la primera reestructuración, quiere acabar con las prejubilaciones masivas. El sector ha recortado 13.300 empleos desde principios de 2009.

El Banco de España está convencido de que las cajas deben protagonizar un proceso de reconversión industrial en toda regla. El reciente reforzamiento del sector será sólo el punto de partida de la reestructuración de las cajas, que deben reducir más su capacidad instalada y su plantilla.

Las entidades, que desde inicios de 2009 han suprimido más de 13.000 empleos (ver gráfico), son conscientes de las exigencias del supervisor y se preparan para una segunda ola de ajustes. Algunos grupos creen que coincidirá en el tiempo con una nueva ola de fusiones, que permitirá identificar solapamientos y sinergias. El ajuste será en condiciones menos favorables para empleados y directivos.

Esta segunda fase podría suponer que abandonen el sector financiero 12.000 empleos más, según estimaciones de los expertos. AFI calcula que la reestructuracion de las cajas se llevará por delante en total 20.000 empleos. El Fondo Monetario Internacional habló en agosto de hasta 37.000 puestos. En el entorno de las cajas esta última cifra se consideró entonces desorbitada y fuera de la realidad.

Las entidades valoran dos alternativas, pese a que lo más probable es que la reducción de personal se plantee después de las elecciones. Por una parte, bajas incentivadas voluntarias, siempre que el número no sea muy elevado. Por otra, ERES, en los que tengan que asumir el coste de las prejubilaciones desde el primer momento.

Las condiciones del nuevo ajuste serán menos favorables. Las salidas de plantilla (en su mayoría prejubilaciones) se han canalizado hasta ahora a través de expedientes de regulación de empleo (ERE). Con este mecanismo, los empleados cobran el desempleo los dos primeros años de la prejubilación. Las cajas completan el paro hasta la retribución pactada en los acuerdos laborales. También se ahorran pagar la Seguridad Social en este periodo, al ser asumida por el INEM.

Esta práctica tiene los días contados por cuatro motivos:

1. El ERE de Telefónica. La operadoraque tuvo que pagar finalmente el desempleo de sus trabajadores desde el principio, sin recurrir al Estado. Las cajas no tuvieron esta obligación en la primera reestructuración.

2. Cajas en beneficios. Sólo podrá acogerse a esta fórmula quien esté en pérdidas.

3. Déficit público. El Gobierno, tanto el actual como el que salga de las urnas el 20 de noviembre, tiene que lograr que el déficit suponga menos del 3% del PIB en 2013. “El compromiso se tiene que cumplir y frenar los ERES, que perjudican a la Seguridad Social. Es la única arma que la Administración tiene para reducir las prejubilaciones”, indica Sandalio Gómez, profesor del IESE y titular de la cátedra SEAT en relaciones laborales. A su juicio, “todos se van a tener que apretar el cinturón y pactar unas condiciones menos favorables”.

“El colchón de las prejubilaciones se ha agotado. No hay negocio y no hay dinero”, reconocen en una caja. “El propio modelo se agota. Se ha prejubilado a empleados con 55 años. ¿Con cuántos años vas a prejubilar ahora?”, indican.

4. El papel del Frob. El Fondo de apoyo público tiene ahora un papel mucho más activo en las cajas, después de haber nacionalizado tres entidades y de conceder ayudas a casi todo el sector. Quiere acabar con las prejubilaciones de oro, tanto de empleados como de directivos. Será más exigente con las entidades y reclamará sacrificios para reducir costes. El coste medio (incluye directivos) por cada prejubilado está en unos 300.000 euros, con un importe total que rondaría los 7.000 millones.

BMN, por ejemplo, podría elevar el ajuste de 1.050 a 1.450 empleos. Bankia también apuntó en julio más ajustes.

La mayor exigencia del Frob se manifestará a corto plazo en Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim. El Banco de España cree que son viables por sí mismas, pero siempre que se sometan a planes de ajustes durísimos. El Consejo de Catalunya Banc no va a nombrar a ningún representante sindical. Algunas fuentes ven un movimientos para intentar aprobar con agilidad este tipo de medidas sin el bloqueo de los sindicatos.

Bruselas
Al supervisor le amparan, además, las tesis de Bruselas. La Unión Europea quiere regular y controlar las jubilaciones masivas, en parte para frenar la respuesta social contraria a estos retiros dorados. Bruselas ha creado el marco jurídico para todos los países, reforzando las competencias del Banco de España. Este cambio legal no ha llegado a tiempo para la primera reestructuración de las cajas, pero sí se aplicará en la segunda.

Más dinero para resolver la crisis del sector, según Citi
Citi dice que el Estado inyectará más dinero público para recapitalizar las cajas de a través del FROB. En un informe sobre el sector financiero español, el banco estadounidense argumenta que la inyección del Frob de 7.600 millones para recapitalizar cuatro cajas no supone el final del proceso de reestructuración y vaticina más movimientos de consolidación.

En un informe sobre el sector, Citi apunta como necesaria una actitud “más agresiva” para resolver la crisis financiera en España, que ya afecta de manera negativa a la economía. “La reestructuración está durando demasiado tiempo”, destaca. El proceso debería impulsarse con inyecciones de capital a nivel estatal para acelerar el proceso de saneamiento, y éstas deberían aparejarse a un proceso de consolidación en el mercado. “Pese a la reciente ronda de fusiones en España, sigue habiendo demasiadas entidades en el país”, considera.

Con este telón de fondo, sostiene que la incertidumbre respecto a la calidad de activos del sistema financiero español es tan elevada que el FMI propuso una asesoría externa independiente, extremo que el Gobierno declinó.

En su opinión, los bancos deberían maximizar los beneficios obtenidos evitando la distribución de dividendos en efectivo y optar por el reparto de acciones, lo que contribuiría a enviar el mensaje correcto al mercado sobre su disposición de resolver los retos. La entidad indica que las presiones sobre el margen financiero y la necesidad de dotar provisiones ante la evolución de la morosidad, que seguirá en aumento hasta 2012, justifica el recorte de estimaciones sobre el sistema financiero español.




Elisa de la Nuez*.- 06/10/2011

Dice el gobernador del Banco de España que el caso de la CAM es “lo peor de lo peor” . Y efectivamente, vemos que ejemplifica de forma espectacular todos los males posibles en la gestión de una Caja de Ahorros: burbuja o/y pelotazo inmobiliario, mala gestión, falta de profesionalidad, amiguismo, conchaveo con los políticos de turno (muchos de de ellos con problemas judiciales), tolerancia y permisividad por parte de la Comunidad Autónoma supuestamente encargada de supervisar la Caja a cambio de financiación de proyectos faraónicos y de favores varios (comprar pagarés autonómicos dos días antes de ser intervenida) desfachatez de los gestores salientes (que se han embolsado cantidades estratosféricas en forma de prejubilaciones, “pensiones vitalicias” de 370.000 euros), créditos concedidos a los amigos o a los propios Consejeros de la Caja al 0% de interés…

En definitiva, inexistencia de control alguno por parte de los órganos internos de control de la Caja (sí, aunque sea increíble, los tenía) y por último, actitud cuanto menos complaciente del Banco de España con los desmanes cometidos, que tenían que ser conocidos desde hacía tiempo al haber dado la voz de alarma sus propios inspectores…

Pues resulta que esta Caja, en contra de lo que pudiera parecer de la descripción anterior, no se rige por la libérrima voluntad de sus gestores. Por lo menos sobre el papel tiene una regulación bastante estricta, contenida en el Decreto Legislativo 1/1997 de 23 de julio del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el texto refundido de la Leysobre Cajas de Ahorro de la Comunidad. Lástima que esta norma solo sea papel mojado porque nadie se ha preocupado de su cumplimiento.

Veamos por ejemplo el art.35.1 sobre la obtención de créditos por los Vocales del Consejo de Administración y su parentela:


“1. Los vocales de los Consejos de Administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja de Ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta prohibición no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidas por la Caja de Ahorros con aportación por el titular de garantía real suficiente y se extenderá, en todo caso, no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los Convenios Laborales, previo informe de la Comisión de Control.


2. La transmisión de cualquier bien o valor, propiedad de una Caja de Ahorros, a los vocales del Consejo de Administración, así como a las personas vinculadas que se citan en el apartado anterior, deberá contar con la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas.”

Esta Caja, en contra de lo que pudiera parecer de la descripción anterior, no se rige por la libérrima voluntad de sus gestores. Por lo menos sobre el papel tiene una regulación bastante estricta, contenida en el Decreto Legislativo 1/1997 de 23 de julio del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorro de la Comunidad

Pero es más, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene además otras funciones importantes según el art.55.1. “Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España y en el marco de la legislación básica del Estado, el Instituto Valenciano de Finanzas ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las Cajas de Ahorros. En particular, el Instituto Valenciano de Finanzas velará por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de las operaciones financieras y protección de la clientela de las Cajas de Ahorros”.

¿Y qué es el Instituto Valenciano de finanzas que tantas funciones de inspección y control tenía y que tan poco las ejercitó? Pues nada menos que una entidad pública dependiente de la Generalitat a través de su Consellería de Hacienda.En fin, otro organismo público autonómico más, de dudosa independencia y profesionalidad. Para contrastarlo, además de a su actuación en relación con la CAM (mejor dicho, a su falta de actuación) me remito a su página web cuyas noticias de prensa “propagandística” son muy reveladoras. Este es el organismo que nos dicen ahora que se limitaba a “autorizaciones administrativas”, vamos, que ponía sellos pero sin mirarse los papeles. Pues para hacer solo eso, resulta bastante lujoso, consulten su organigrama.

Pero no solo estaba el IVF. Resulta que también había una Comisión de Control (art.38) cuyo objeto es “cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera”. Dedica además varios preceptos a regular sus funciones, que evidentemente no desempeñó.

Y en materia de responsabilidades de los gestores, no es cierto que no existieran o que no se pudieran exigir. Lo que ha pasado sencillamente es que la propia Caja primero, la Generalitat Valenciana después, y el Banco de España por último, no han hecho nada. Vean si no el tenor literal del art. 56:


“1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las Cajas de Ahorros cuando por acción u omisión infrinjan las normas imperativas de ordenación y disciplina emanadas del Estado o de la Generalitat Valenciana. En todo caso, la entidad de crédito en cuestión podrá ejercitar las correspondientes acciones de naturaleza civil o penal contra las personas individuales que realicen funciones de dirección o administración.


2. Incurrirán, también, en responsabilidad administrativa sancionable quienes ostenten cargos de administración o dirección, cuando en su conducta se aprecie ánimo doloso o negligencia directamente determinante de la infracción grave o muy grave cometida por la entidad.”

Sigue un catálogo de las infracciones muy graves, graves y leves que se pueden cometer por los órganos de gestión. Por no alargar este post hasta el infinito, se las dejo aquí….pero les puedo asegurar que así, a ojo, los gestores parecen haber incurrido prácticamente en todas las infracciones posibles.

Por último, y como broche de la regulación, el art.68 recuerda que se pueden adoptar medidas cautelares sin necesidad de esperar al Banco de España:

“Sin perjuicio de las facultades correspondientes al Banco de España, cuando una Caja de Ahorros se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse de oficio o a petición de la propia entidad, la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección hasta que sea superada tal situación”.

En cuanto a la competencia, no cabe duda. Dice el art.69 que “La intervención o sustitución prevista en el artículo anterior será acordada, en su caso, por el Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, previa audiencia de la Caja de Ahorros afectada. Dicha audiencia no será necesaria, sin embargo, cuando haya precedido petición de la entidad o el retraso que tal trámite previsiblemente originaría comprometa gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados.”

Además esta responsabilidad administrativa es independiente de la que pudiera corresponder por la concurrencia de delitos o faltas penales, que también se puede -y a mi juicio- se debe exigir.

En conclusión, normas haberlas haylas. Incluso demasiadas. Pero todas se incumplieron. Especialmente por la Generalitat Valenciana (gobernada por el PP durante todo este tiempo) a la que tantas iniciativas políticas de relumbrón financiaba la CAM, tan complaciente siempre con los deseos de los políticos de turno. Claro que esto no era gratis y que los gestores se cobraban bien los favores.

Pero la reflexión más importante es la que nos tenemos que hacer como ciudadanos. ¿Es España un Estado de Derecho de verdad o solo sobre el papel? Porque si lo es de verdad no nos podemos conformar. Hay que exigir responsabilidades.Jurídicas, a todos los que incumplieron sus obligaciones, empezando por los gestores. Y políticas, a los que incumplieron las suyas. El ordenamiento jurídico tiene previstas las acciones jurídicas. Y dentro de nada hay elecciones.

*Elisa de la Nuez es abogada del Estado, consejera delegada de Iclaves y coeditora del blog jurídico ¿hay derecho?




Las millonarias indemnizaciones percibidas por exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) han salpicado al Banco de España. Todas las fuerzas políticas, salvo el PSOE, han pedido que asuma su responsabilidad en el escándalo, que se produce en plena reconversión de las cajas y a pocos días de las elecciones generales. El supervisor se defiende señalando que no tiene competencias sobre retribuciones y que la tutela de las cajas corresponde a las autonomías.

A. P. - Madrid - 06/10/2011 - 07:00

El cruce de acusaciones para depurar responsabilidades sobre las millonarias indemnizaciones a exdirectivos de NCG, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, subió ayer de tono y colocó al Banco de España en el blanco de las denuncias. Estos ataques se producen a solo 46 días de la celebración de las próximas elecciones generales, a menos de un año de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cumpla su mandato y en plena reconversión de las entidades de ahorro. En el caso de NCG, acaba de recibir una inyección pública de casi 2.500 millones de euros para su recapitalización. Además, debilitan aún más al supervisor, centro de las críticas desde hace meses por su papel en la actual crisis y en la gestión de la intervenida CAM.

Ayer, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que su partido promoverá una "profunda reforma" del Banco de España para garantizar el buen gobierno de las entidades y, sobre todo, de aquellas que hayan recibido ayudas del Estado. Sáenz de Santamaría acusó a Ordóñez y al Ministerio de Economía de no haber puesto en marcha los mecanismos para impedir que se produzcan situaciones como la de NCG y pidió que se "restituyan" estos fondos. Se refería a los más de 25 millones de euros que habrían cobrado cuatro exdirectivos de NCG (José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García Paredes) en concepto de indemnización y prejubilación tras su salida de la entidad.

Una polémica a la que se ha sumado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer animó al Banco de España a adoptar una decisión con la legislación vigente sobre estos pagos, pues si dependiera del Gobierno gallego "ya estarían tomadas".

El Banco de España esgrime que tiene competencias sobre la solvencia de las entidades, pero no sobre retribuciones, y que a quien corresponde la tutela es a las comunidades. Una postura que ayer respaldó el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al contestar a la portavoz del PP que no era necesaria una reforma del Banco de España sino solo "que llame sin más (en referencia a Sáenz de Santamaría) a los presidentes autonómicos y les diga que tienen la tarea de supervisar las cajas e impidan que se cometan estos disparates, que alarman a los ciudadanos y que les irritan extraordinariamente".

Fuentes del sector aseguran que, aunque la legislación sobre cajas la desarrollan los organismos autonómicos, las facultades son compartidas en determinadas materias y en otras se delegan al supervisor financiero. En principio, por tanto, añaden en el caso de los sueldos están bajo la lupa de ambos.

Más contundentes aún se mostraron Izquierda Unida y los sindicatos. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, exigió la dimisión del gobernador por haber permitido que las cajas "quebradas", que han tenido que ser rescatadas por el Estado, hayan incurrido en la "malversación de fondos públicos" para que se "forrasen" sus directivos. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó que Ordóñez "ha descuidado su responsabilidad de supervisión", mientras que el secretario general de CC OO de Andalucía, Francisco Carbonero, señaló que "alguien debería detener al gobernador del Banco de España o si tiene vergüenza dimitir e irse".

La labor de los órganos de gobierno

Otro de los puntos de fricción en el actual escándalo es el papel de los órganos de gobierno de la entidad gallega, encargados de dar el visto bueno a los contratos de alta dirección, y en el que están presentes representantes de los diferentes partidos políticos, así como de los sindicatos, clientes y otros órganos representativos de la sociedad. De hecho, la comisión de control de Novacaixagalicia, que debe aprobar los acuerdos del consejo de administración, cuenta con un miembro de la Xunta.

Sin embargo, algunos de sus miembros manifiestan que desconocían estas cifras. Sin ir más lejos, el pasado martes, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Coruña, Mar Barcón, presentó su dimisión como consejera de la entidad tras conocer con detalle estos pagos. Y ayer el consejero de NCG, Xosé Luis Veiga Lage, negó que este órgano autorizara las retribuciones.

Exdirectivos de la entidad gallega afirman que no les sorprende que los miembros del consejo no fueran informados de las cifras de las prejubilaciones de la alta dirección, así como de la cuantía de sus blindajes. "Cuando yo asistía los consejos las actas no se leían, se resumían y no se entregaban en papel a los miembros del órgano de gobierno", asegura un exconsejero de una de las dos cajas de ahorro gallegas. Añade que, por tanto, no le extrañaría que Barcón hubiera firmado las actas en cuestión sin conocer su contenido al completo.

Auditoría

El nuevo equipo gestor de NCG, encabezado por José María Castellano, presidente del nuevo banco, y César González-Bueno, consejero delegado, ha abierto una auditoría interna para analizar las condiciones de los contratos y comprobar si en estos se ha incurrido en alguna irregularidad. Si se detectaran, se tomarían las medidas que el consejo estimara oportunas. Sin embargo, desde la caja se tienen pocas esperanzas de que pueda haber responsabilidad civil o penal.




05.10.2011 M.Martínez/M.Romani

Las entidades tendrán que reducir de modo “considerable” el variable cuando sus resultados sean “mediocres”.

El Banco de España comienza a trasladar al papel la batería de legislaciones nacionales e internacionales que, desde el inicio de la crisis financiera, intentan poner coto a las remuneraciones en el sector bancario.

El objetivo es doble. Por una parte, el supervisor va a aumentar su control sobre las retribuciones de las entidades. Por otra, va a imponer más transparencia y mayores requerimientos de información al mercado en esta materia. Entre ellas, habrá que rendir cuentas de las pensiones y de los blindajes de los banqueros. La norma no puede aplicarse con carácter retroactivo.

En España, el movimiento coincide en el tiempo con el escándalo suscitado por las millonarias indemnizaciones que han recibido ejecutivos de cajas de ahorros que se han visto abocadas a un rescate público. Hasta ahora, han trascendido datos de la intervenida CAM y Novacaixagalicia.

La institución va a incorporar estas exigencias a través de la modificación de la circular sobre recursos propios mínimos. La norma estará en consulta hasta el 18 de octubre y está previsto que entre en vigor el 31 de diciembre.

Con la nueva regulación, el supervisor tendrá capacidad para imponer una reducción “considerable” de la retribución variable cuando las cuentas de resultados se debiliten. La circular señala que cuando los resultados financieros sean “mediocres o negativos”, la compensación variable o bonus deberá disminuir “teniendo en cuenta tanto la remuneración actual como las reducciones en los pagos de cantidades previamente devengadas”. Con este fin, bancos y cajas deberán incluir en los contratos de la alta dirección “cláusulas de reducción de la remuneración o de recuperación de retribuciones ya satisfechas”.

La norma prevé que todas las entidades con activos que superen en 2010 ó 2011 los 10.000 millones (prácticamente todas) deberán tener Comité de Remuneraciones. Éste deberá estar constituido antes del 31 de marzo de 2012 si aún no existe.

El Banco de España también podrá exigir la creación de este órgano a entidades que no alcancen el tamaño mínimo fijado, “por motivos relacionados con su organización interna o la naturaleza, el alcance o la complejidad de sus actividades”. Al mismo tiempo, podrá eximir del cumplimiento a las filiales españolas de grupos europeos que así lo soliciten.

Cuando entre en vigor la circular, el regulador tendrá margen de maniobra para interferir en los sueldos de los banqueros. Ahora, carece de estas competencias. Sólo tiene voz y voto si las remuneraciones acordadas por los órganos de gobierno de la entidad pueden poner en riesgo la solvencia del grupo. Y éste no es el caso de las cajas, que si bien pagan indemnizaciones escandalosas, no llegan a ser un riesgo para la solvencia.

El escándalo de las cajas
En la actualidad, por tanto, el regulador sólo puede actuar a posteriori. Una vez que el Estado ha tomado las riendas de CAM y Novacaixagalicia, se podrá empezar a analizar el detalle de los contratos y remuneraciones pactadas. Se comprobará si se han superado todos los filtros y si han sido aprobados correctamente por todos los órganos de gobierno. Hasta ahora y en último término, han sido las comunidades autónomas las que han controlado las entidades de ahorro. Si se detectan irregularidades, el Banco de España podrá actuar.

Por otra parte, la transparencia es el segundo gran aspecto en el que pretende avanzar la circular. Las entidades financieras “facilitarán al público y actualizarán periódicamente, al menos una vez al año”, información agregada sobre su política y prácticas de remuneración, incluidos los salarios, beneficios discrecionales por pensiones e indemnizaciones por despido concedidas durante el ejercicio.

En el caso de los blindajes, se indicará el número de beneficiarios y el importe máximo de este tipo de pagos abonado a una sola persona. Habrá que informar de los importes recibidos por los administradores, la alta dirección, los empleados que asumen funciones de control, y los que desarrollan actividades que inciden en el perfil de riesgo de la entidad.

El Banco de España también obligará al sector a que informe sobre “el proceso decisorio seguido para establecer la política de remuneración”. Y sobre el consultor externo “a cuyos servicios se haya recurrido para establecer dicha política de acuerdo con el órgano que ordenó su contratación”.

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